Grupo de Trabajo “Mesa de Diálogo para el Hábitat” Periodo anual de sesiones 2011- 2012

Conclusiones

1.   Existen políticas públicas en el sector Vivienda expresadas en normas legales, programas de vivienda, agua y saneamiento a nivel urbano y rural. Sin embargo:

a.     Las normas legales no se difunde de manera pertinente y oportuna.

b.     Los programas se suspenden, cambian de nombre o quedan vacios para los posibles beneficiarios y sin orientación alguna para el ciudadano. 

c.     La ejecución presupuestaria 2012 en el sector Vivienda y Construcción no alcanzo las metas establecidas (faltan 400,000 viviendas nuevas y existen 1´600,000 viviendas sin servicios de agua y desagüe).

2.   Los sectores vivienda, salud y educación hacen esfuerzos por compartir diagnósticos, enfoques y propuestas. Sin embargo:

a.     La articulación no es permanente.

b.     Las experiencias validadas quedan en proyectos piloto y no se concretan en políticas públicas.

c.     La vulnerabilidad es un tema de agenda en todo el sector público pero aún falta socializar información, propuestas e institunalización de buenas prácticas.

3.   La sociedad civil representada por los colegios profesionales, universidades, ongs y organizaciones sociales aportan con propuestas y experiencias validadas. Sin embargo:

a.     Las experiencias son de baja cobertura y alcance.

b.     Tienen débil relación con el Estado.

Recomendaciones

1.   Seguimiento sistemático del cumplimiento de las normas para que los programas lleguen realmente a los beneficiarios y con todos los componentes que la norma establece, es decir, la asistencia técnica, la institunalización y los financiamientos previstos.

2.   Fortalecer la articulación de los diversos sectores que guardan relación con la problemática de la vivienda y los servicios públicos.

3.   Recomendar a los sectores que las políticas públicas expresadas en programas tengan continuidad para el conocimiento y manejo de los ciudadanos que prevén el mejoramiento de su calidad de vida.

4.   Fomentar la coordinación entre todos los sectores y autoridades para implementar efectivamente las medidas necesarias para la ejecución presupuestal.

5.   Verificar la implementación de la Política 32 del Acuerdo Nacional sobre gestión de riesgos y desastres.

MARCO FALCONÍ PICARDO 
Congresista Coordinador 
NORMAN LEWIS DEL ALCAZAR Congresista

RAMON KOBASHIGAWA KOBASHIGAWA Congresista